Comunicado del Consejo de Educación Católica

Frente a los distintos cruces de información generados en los últimos días el Consejo Provincial de Educación Católica quiere dirigirse a la comunidad a fin de aclarar su postura.
El aporte estatal a los colegios públicos de gestión privada no es un simple beneficio del Estado a las instituciones. La ley 14073 de 1948 promulgada por un gobierno popular reconocía el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, a los docentes de recibir un salario igual al de sus pares de gestión pública y por consiguiente establecía un aporte económico a los colegios proporcional al salario de los docentes y a la cuota que perciben de los padres. Es lógico y debería estar claro que el Estado no podría imponer que las instituciones respeten los acuerdos salariales acordados con el sector docente si no se compromete a auxiliarlas a cumplir esas obligaciones.
Este principio se mantiene inalterable en los sucesivos gobiernos y leyes, y es reconocido en la nueva Ley Nacional de Educación. El gobierno provincial al recibir los colegios de gestión privada que dependían del Estado nacional en 1993 se comprometió a mantener este régimen.
El año pasado se promulgó una Ley de Escuelas Públicas de Gestión Privada que no hace sino ratificar estos principios. Al día de la fecha esta Ley no fue reglamentada por el Ejecutivo Provincial.
No es cierto que el aporte entonces tenga que ser modificado sólo año a año, porque debe guardar relación con la erogación mensual que las instituciones deben hacer para afrontar el pago de salarios y las cargas sociales correspondientes. El aporte fijo fue establecido por el gobierno provincial en 1999 supuestamente por el término de un año, pero no fue modificado (salvo en los montos) por ninguna de las gestiones posteriores.
Al día de hoy la situación de las instituciones se vuelve difícil al tener que afrontar con las cuotas de los padres, fijadas en la escala salarial del año 2006, los aumentos que el gobierno acordó con el sector docente, sin considerar al mismo tiempo en su presupuesto los incrementos que por lógica y derecho correspondería hacer en el aporte a los colegios de gestión privada.
No nos parece que la solución pase sólo por seguir modificando el aporte de las cuotas que abonan los padres sin un compromiso del Estado, ya que en definitiva esos padres son ciudadanos y contribuyentes a los que asiste el derecho de ser auxiliados por el Estado en la educación de sus hijos y al mismo tiempo el elegir el tipo de educación y escuela que quieren para estos.

Enrique Casalini
Secretario